ANPE MANIFIESTA QUE SE DEBE ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS EN LOS CUPOS DE LIBERADOS
ANPE considera que las ayudas del Gobierno para que los sindicatos puedan mantenerse deben reformularse y reorientarse para evitar la actual situación de privilegio de algunas organizaciones sindicales.
El injusto incentivo del Gobierno a los sindicatos de clase para obtener su silencio y la aceptación por parte de estos de escandalosas cifras millonarias en forma de subvenciones y ayudas han hecho un flaco favor al sindicalismo. Las cifras son de dominio público, el último despilfarro del Gobierno fue publicado el 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado: CCOO (11,2 millones de euros), UGT (11,2 millones), seguidos de CSI-CSIF con 4,6 millones.
Pese a la situación económica y a los sacrificios de ciudadanos, funcionarios y pensionistas, los recortes no han alcanzado a las partidas que reciben esos sindicatos Estas cuantías han permitido el apoyo incondicional de esas organizaciones a los gobiernos, perjudicando a los trabajadores públicos al suscribir acuerdos por debajo del IPC en los últimos 20 años y contribuyendo a la crisis económica, mientras otros seguimos desarrollando una estricta labor sindical.
La falta de una verdadera acción sindical y el alegal exceso de liberados en determinados sindicatos, ha dado pie a una campaña de demonización de todas las organizaciones sindicales. Pero no todos los liberados son iguales. Desautorizar el trabajo de todo un colectivo es injusto y pueril, además de fácil.
Un Estado de Derecho y una sociedad democrática necesita de la existencia de los representantes de los trabajadores. Los derechos sindicales están amparados por la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Las elecciones sindicales también son democráticas y los liberados son representantes de los trabajadores elegidos en las urnas. Lo que ANPE exige es que el número de liberados sea ajustado a la ley en función de la representatividad sindical y que se acabe con los privilegios que en forma de pacto transgreden la legalidad y vienen a dar ese escandaloso plus de liberados a los sindicatos dóciles y afines a los gobiernos. También ANPE reclama la reducción de altos cargos, puestos de confianza, número de asesores, consejeros y otras figuras equivalentes que pueblan los despachos de la Administración Pública.
En Castilla-La Mancha la “Addenda” sintetiza toda una cesión sindical. Así, tras alcanzar el mejor Acuerdo (Acuerdo Marco de 13 de mayo de 2008) suscrito en materia educativa, tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF), de los cinco que firmamos, permitieron al Gobierno Regional incumplir las mejoras laborales y de calidad del sistema educativo contempladas en el mismo mediante su no aplicación. Antes de ese momento se alcanzó el Acuerdo sobre Salud Laboral de Castilla-La Mancha que otorga un elevado “premio” en forma de liberaciones a esos sindicatos, condicionado al número de Consejerías. ¿Si Barreda ha reducido a la mitad el número de estas, por qué se mantiene el mismo cupo de liberados por este Acuerdo?
ANPE considera que las ayudas del Gobierno para que los sindicatos puedan mantenerse deben reformularse y reorientarse para evitar la actual situación de privilegio de algunas organizaciones sindicales.
El injusto incentivo del Gobierno a los sindicatos de clase para obtener su silencio y la aceptación por parte de estos de escandalosas cifras millonarias en forma de subvenciones y ayudas han hecho un flaco favor al sindicalismo. Las cifras son de dominio público, el último despilfarro del Gobierno fue publicado el 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado: CCOO (11,2 millones de euros), UGT (11,2 millones), seguidos de CSI-CSIF con 4,6 millones.
Pese a la situación económica y a los sacrificios de ciudadanos, funcionarios y pensionistas, los recortes no han alcanzado a las partidas que reciben esos sindicatos Estas cuantías han permitido el apoyo incondicional de esas organizaciones a los gobiernos, perjudicando a los trabajadores públicos al suscribir acuerdos por debajo del IPC en los últimos 20 años y contribuyendo a la crisis económica, mientras otros seguimos desarrollando una estricta labor sindical.
La falta de una verdadera acción sindical y el alegal exceso de liberados en determinados sindicatos, ha dado pie a una campaña de demonización de todas las organizaciones sindicales. Pero no todos los liberados son iguales. Desautorizar el trabajo de todo un colectivo es injusto y pueril, además de fácil.
Un Estado de Derecho y una sociedad democrática necesita de la existencia de los representantes de los trabajadores. Los derechos sindicales están amparados por la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Las elecciones sindicales también son democráticas y los liberados son representantes de los trabajadores elegidos en las urnas. Lo que ANPE exige es que el número de liberados sea ajustado a la ley en función de la representatividad sindical y que se acabe con los privilegios que en forma de pacto transgreden la legalidad y vienen a dar ese escandaloso plus de liberados a los sindicatos dóciles y afines a los gobiernos. También ANPE reclama la reducción de altos cargos, puestos de confianza, número de asesores, consejeros y otras figuras equivalentes que pueblan los despachos de la Administración Pública.
En Castilla-La Mancha la “Addenda” sintetiza toda una cesión sindical. Así, tras alcanzar el mejor Acuerdo (Acuerdo Marco de 13 de mayo de 2008) suscrito en materia educativa, tres sindicatos (CCOO, UGT y CSIF), de los cinco que firmamos, permitieron al Gobierno Regional incumplir las mejoras laborales y de calidad del sistema educativo contempladas en el mismo mediante su no aplicación. Antes de ese momento se alcanzó el Acuerdo sobre Salud Laboral de Castilla-La Mancha que otorga un elevado “premio” en forma de liberaciones a esos sindicatos, condicionado al número de Consejerías. ¿Si Barreda ha reducido a la mitad el número de estas, por qué se mantiene el mismo cupo de liberados por este Acuerdo?
ANPE, 15 de septiembre de 2010
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